LA FISCALIA ESTA A TIEMPO CON EL CASO DE VIANCO MARTINEZ

Editorial

La percepción que existe es que un manto de impunidad y la indiferencia de la Fiscalía han encubierto a los supuestos agresores, con el consecuente abandono de la víctima en su sed de justicia.

Clave Digital

viernes, 21 de agosto de 2009

Que un periodista sea agarrado por el cuello y sacado violentamente de un lugar público donde esperaba realizar una entrevista solicitada de manera previa, es algo preocupante, y es un hecho que debe movilizar al Ministerio Público para hacer valer el estado de derecho y la libertad de prensa. Casi como un Quijote, Vianco Martínez ha pasado un año tocando las puertas de la Fiscalía del Distrito Nacional, en reclamo de justicia por una agresión de la que acusa en forma directa a dos agentes de seguridad del empresario artístico Saymon Díaz. Los agresores, por su parte, han reconocido públicamente el uso de la fuerza en el incidente y algunos testigos dan cuenta del hecho. Una acción de esta naturaleza debe ser ventilada en los tribunales, como una agresión abierta a la libertad de prensa y a los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución de la República. Se supone que el Ministerio Público, como representante de la sociedad, debe acompañar a las víctimas en sus reclamos de justicia. La percepción que existe es que un manto de impunidad y la indiferencia de la Fiscalía han encubierto a los supuestos agresores, con el consecuente abandono de la víctima en su sed de justicia. Esa fue la atmósfera que reinó en el encuentro que el pasado miércoles realizó un nutrido grupo de periodistas, con el propósito de desagraviar el ejercicio periodístico. Un desagravio impulsado por un sector de profesionales que, al menos en este caso, perdió la esperanza en el Ministerio Público y en los tribunales. En el encuentro, el periodista Juan Bolívar Díaz leyó un documento en el que contó las peripecias del caso: “Por el caso de Vianco ha desfilado un inútil cortejo de fiscales adjuntos –seis para ser exactos- y ninguno ha dado un paso firme hacia adelante. Una de las mayores hazañas de los adjuntos fue interrogar por teléfono a un testigo”. La Fiscalía respondió que el caso de Vianco Martínez no prosperó porque el periodista no presentó un certificado médico. En consecuencia, circunscribió el caso a la competencia de los juzgados de Paz, al calificarlo como una simple riña. Sin embargo, el procurador fiscal del Distrito Nacional, magistrado Moscoso Segarra, obvió una sentencia de la jueza Elka Reyes que devuelve el expediente a la esfera de la competencia de la Fiscalía, para que se relice una investigación como la ley manda. Todo apunta a que, como plantea Juan Bolívar Díaz y los periodistas que le acompañaron, el funcionario evadió su responsabilidad. Ahora sabemos que para ello se valió de un supuesto “acuerdo no formalizado” para convertir la acción pública en acción privada. Puede que la Fiscalía tenga razón y de que se trata de un caso jurídicamente débil por la falta de un certificado médico. Pero, ¿por qué no se interrogó a los testigos y a los implicados en el hecho? y ¿por qué no se hicieron las diligencias necesarias para interrogar a los implicados ya que al agredir a un periodista en ejercicio se estaba lesionando a toda la prensa nacional? Más que buscar justificaciones, el fiscal Moscoso Segarra debe tomar nota del encuentro del miércoles pasado y pensar que en el futuro los ciudadanos agredidos –como ocurrió con Martínez- podrían organizar sus propios actos de desagravio ante la inercia del Ministerio Público. La Fiscalía del Distrito Nacional aún está a tiempo para enmendar el error que se ha cometido, casi como una segunda agresión contra la víctima.