CORRUPCIÓN | |||||
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LA DIRECCION NACIONAL DE PERSECUCIÓN DE LA CORRUPCION DE LA CORRUPCION ADMINISTRATIVA (DPCA) SOMETIO ESTE JUEVES A MALKUN POR EL SUPESTO DESVIO DE RD$10 MIL 663 MILLONES DE PESOS CORRESPONDIENTES A LA CARTERA DE CREDITO DEL DESAPARECIDO BANCREDITO | |||||
De acuerdo con Hotoniel Bonilla, el ex gobernador del BC y otros tres ex funcionarios distrajeron 18 pagarés de la cartera de crédito del Bancredito | |||||
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Redacción de Clave Digital | |||||
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jueves, 20 de agosto de 2009, 08:32 p.m. | |||||
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Además de Malkún, la instancia suscrita por el director del DPCA, Hotoniel Bonilla, acusa al ex vicegobernador del Banco Central, Félix Calvo, al ex gerente, César Apolinar Veloz, y el ex consultor jurídico de la entidad, Manuel Rubio Cristóforis. De acuerdo con el sometimiento, con el Contrato Tripartito suscrito el 2 de julio de 2003 mediante el cual el desaparecido Grupo Financiero Nacional (GFN) vendía sus negocios bancarios y financieros, “fueron entregados 18 pagarés”. Dichos documentos, que sumaban 10,663 millones 341 mil pesos, eran “relativos a los títulos de las carteras de crédito de las diferentes empresas vinculadas a Bancrédito, S. A. que estaban siendo adquiridas por el Estado” a través del Banco Central.
Bonilla, quien asegura que emprendió la investigación por solicitud de las autoridades del Banco Central, asegura que la presunta distracción de los 18 pagarés “se produjo a través de maniobras fraudulentas, abusando de las funciones públicas que desempeñaron”. Además, Bonilla consideró que el desvió de los pagarés dejó al Estado “desprovisto de los instrumentos bancarios y legales eficaces para poder exigir, reclamar y/o ejecutar los valores públicos utilizados por el imputado José Lois Malkún en provecho de particulares”. Pero además, Bonilla alega que gran parte de los adelantos y redescuentos otorgados por el Banco Central al Bancredito, ante sus problemas liquidez e insolvencia entre el 1 de agosto de 2002 y el 3 de noviembre de 2003 –cuando se reveló el fraude del desparecido banco- fueron ilegales. Dichas de “facilidades”, que en total ascendieron a 12,921 millones 600 mil pesos, 8,539 millones “fueron entregados en violación a la Ley 183-02 en su artículo 33, letra a) que obliga a los funcionarios del Banco Central a cumplir con los límites impuestos en dicha norma”. Por ello, la DPCA solicitó el auto de apertura a juicio contra Malkún, Calvo, Veloz Cristóforis “por prevaricación, desfalco, asociación de malhechores, falsedad en escritura pública y Abuso de Confianza”. |
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jueves, 20 de agosto de 2009
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