TRANSPARENCIA

El secretismo estatal se traslada a la “web”

El portal de la Procuraduría es el más transparente y el de la Cámara de Diputados el que más oculta datos

Riamny Méndez/Clave Digital

domingo, 4 de octubre de 2009, 09:00 a.m.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. - Informaciones sobre las finanzas del Estado a sólo un clic de las manos ciudadanas es una de las metas planteadas en el proyecto de Gobierno electrónico, discutido por las autoridades y las asociaciones civiles. Pero el vicio del secretismo estatal se ha trasladado de los escritorios de las oficinas a los portales del internet, a pesar de que la Ley de Libre Acceso a la Información Pública establece las informaciones que deben estar disponibles en las páginas oficiales. Roberto Guzmán/Clave Digital De acuerdo con un estudio de evaluación de los portales del Gobierno levantado por Participación Ciudadana, el 92% de estos tiene su sección de transparencia -casi siempre identificado con el ícono de una lupa- pero sólo tres instituciones tienen 70 o más puntos en ese capítulo: La Procuraduría, 92 puntos; Salud Pública y la Suprema Corte de Justicia con poco más de 74 y 71 puntos. El movimiento cívico hizo una evaluación que tomó como modelo a 24 instituciones del gobierno y el Congreso y a 58 ayuntamientos. La peor página -sin incluir a los cabildos- es la de la Cámara de Diputados, que en el momento del monitoreo de Participación Ciudadana, no tenía practicamente ninguna información sobre sus finanzas. El estudio fue levantado en septiembre de 2008 y presentado de manera reciente. Otras dependencias tienen informaciones, pero no con la suficiente claridad como para ilustrar a los ciudadanos de su situación financiera. El portal de la Secretaría de Relaciones Exteriores carece de una información básica según la Ley de Libre Acceso a la Información Pública: la nómina de sus empleados residentes en el país, aunque la de los del exterior está disponible. Al hacer clic sobre el título "nómina de empleados", el lunes y el martes pasado se pudo ver una declaración de la misión, la visión y los valores de la Secretaría, entre los cuales constan la transparencia, la institucionalidad y la democracia. Pero, por esa vía no es posible averiguar cuántos empleados laboran, ni cuánto ganan. INFORMACIONES Estructura. De acuerdo con la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, cada portal del Gobierno debe contener el organigrama de la institución para que los ciudadanos sepan quienes son responsables de idear las políticas y quienes de ejecutarlas. Integrantes. La nómina de la institución debe colocarse en la página y poner a disposición de los usuarios el nombre del empleado, su cédula y su salario nominal. También debe colocarse el total de sus ingresos, incluyendo dietas y viáticos. Normas. Las leyes, resolucio nes, decretos y decisiones administrativas relacionadas con las funciones de la institución. Así, Medio Ambiente debe informar sobre las vedas, prohibiciones o permisos ambientales. Proyectos. Los programas que ejecuta la institución y sus objetivos también deben estar en sus páginas. Informes de gestión. Aunque muchos portales tienen informes de gestión, en ocasiones sólo se limitan a los aspectos financieros formales. No a especificar los logros alcanzados o no alcanzados por las entidades del Estado. Base de datos. Los beneficiarios de subsidios pagados con recursos del Estado, las estadísticas de interés. Servicios. La posibilidad de hacer o iniciar trámites en línea ya es posible en los portales de Impuestos Internos y Medio Ambiente. La Secretaría de Medio Ambiente (Semarena), en cambio, permite el acceso al monto total de la nómina y de los viáticos. Sin embargo, para conocer los nombres de los funcionarios de mediano rango y sus salarios es preciso saber su nombre completo. A diferencia de Semarema, la página de la Oficina Presidencial de la Tecnología de la Información y la Comunicación (Optic), tiene disponible la nómina de sus empleados completa. En la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) se puede conocer el gasto en nómina de los distintos departamentos, pero no está completa la cantidad de empleados, ni todos los sueldos. En la página se aclara a los usuarios que la web se encuentra ampliando su gama de servicios. Peor es la situación en el portal del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). La lupa de la transparencia conduce a enlaces vacíos de información, tanto en lo concerniente a la nómina, como a los informes de gestión y las finanzas en general. En meses pasados, el INDRHI, bajo la gestión de Héctor Rodríguez Pimentel, estuvo sacudido por denuncias de corrupción. También la Secretaría de Agricultura tiene una forma poco ortodoxa de ser transparente y cumplir la Ley. La nómina está disponible de mayo a agosto de este año, por mes, en archivos PDF. Pero en el portal no se especifica cuántos empleados son permanentes. El martes, en la página no presentaba las ejecuciones presupuestarias, ni informes de gestión. La Ley de Libre Acceso a la información, en su artículo 5, establece que se debe colocar a los integrantes de las instituciones. La abogada Laura Acosta entiende que por integrantes debe entenderse tanto a los altos funcionarios como al resto de la empleomanía, con sus sueldos. La abogada explica que con la sentencia 154-2008, que obligó a la Lotería Nacional a entregar a un ciudadano -ella asistió- no sólo la nómina con los salarios regulares, sino también con los incentivos, se sentó jurisprudencia. Los salarios de cada empleado deben ser públicos. Sin embargo, incluso instituciones que como la Dirección de Impuestos Internos, que obtuvo la mayor puntuación (78 puntos) en el monitoreo de PC, en la parte relacionada con la efectividad y funcionalidad de su página, tienen un desempeño menos notable en transparencia. En ese renglón su puntuación fue 68. Desde la página de esta institución se pueden hacer transacciones de pago de impuestos. Sanciones. Si se comprueba que los funcionarios no han puesto información suficiente y oportuna en los portales del Estado, a pesar de contar con los mecanismos suficientes para hacerlo, pueden ser destituidos y sancionados hasta con cinco años de impedimento para ocupar cargos en la administración pública, dice Acosta. CIFRA 96 Instituciones de 134 no han entregado la nómina que solicitó un ciudadano. Según la Ley de Libre Acceso a Información es obligatorio entregarlas a quien la solicite. Hasta ahora, los mecanismos legales se han puesto en marcha, según la abogada, sólo para obligar a los funcionarios a entregar a los ciudadanos información denegada, una vez que el afectado pone a funcionar la justicia. Tanto los demandantes, como el Estado, pierden tiempo y recursos en procesos judiciales o burocráticos para conseguir información que de acuerdo con la Ley vigente debe estar disponible en los portales. Allan Tiburcio, un ciudadano que se ha dado a la tarea de poner a prueba el sistema ha hecho 134 solicitudes de nóminas y otras informaciones a instituciones y ha obtenido 38 nóminas completas. Es decir, listas con la cantidad de empleados, sus nombres, cargo y cédulas. Algunas de las entidades a las que Tiburcio les solicitó la nómina y que según él se la han entregado, no la han colocado en sus portales. El enlace correspondiente a "Recursos Humanos" no está disponible para los usuarios en la página de la Administradoras de Subsidios Sociales del Gabinete de Política Social. Para saber quienes son los empleados de la entidad, hay que seguir el mismo proceso burocrático que Tiburcio. La página ha puesto a disposición del público la declaración jurada del director, el presupuesto y las ejecuciones presupuestarias. Quienes deben establecer sanciones administrativas para los que obstaculicen la colocación de información son los superiores jerárquicos de los funcionarios encargados de aportar y poner a disposición del público los datos. La Ley contempla sanciones administrativas por ocultar información, pero no se aplican" Laura Acosta, Abogada Estos errores no son sancionados. En el boletín Transparencia en la Gestión Pública" de 2007, de Participación Ciudadana, se destaca como uno de los aspectos negativos la falta de sanciones para quienes no cumplan con el deber de promover en los portales informaciones claras y oportunas a los usuarios. Tampoco es posible sancionar, de acuerdo con el documento, la falta de eficiencia o de eficacia en la prestación de servicios que tengan como plataforma los portales del Gobierno. De acuerdo con los documentos de Participación Ciudadana, uno de los riesgos es que se establezcan las páginas como sinónimo de la modernidad en el mundo de hoy, pero que no se promueva la participación de los ciudadanos para estimular los procesos de transparencia y fortalecer la gestión del Estado.